El INVEA mantiene protección a gasera ilegal en Xochimilco

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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de agosto (AlmomentoMX).- Salvo su inexplicable e incongruente respuesta del 17 de abril pasado, el Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México (INVEA), continúa la protección de las actividades ilegales de al menos una gasera clandestina instalada en Prolongación Acueducto No. 419, colonia La Concha en el Pueblo de Santiago Tepelcatlalpan, la cual, de acuerdo con vecinos de la zona carece de uso de suelo, programa interno de protección civil, licencia de construcción, autorización del estudio de impacto ambiental y otros requisitos para funcionar.

Los vecinos del Pueblo de Santiago Tepelcatlalpan que realizaron la denuncia desde noviembre de 2016, afirman que por las tardes y noches microbuses de la ruta 26 del transporte público concesionado entran sin ningún problema a surtirse de gas a través de las pipas que se encuentran dentro, pero sin cumplir con ningún detalle técnico de seguridad.

El 14 de febrero de 2017 realizaron una nueva queja ante la dirección general de Vigilancia Ambiental de la SEDEMA que dirige Tanya Müller a través de Francisco Javier García Ramírez; a Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; a Fausto Lugo García; secretario de Protección Civil; a Avelino Méndez Rangel, jefe delegacional en Xochimilco y, claro, a Meyer Klip Gervitz, comisionado presidente del INVEA.

El 26 de noviembre del año pasado las irregularidades fueron advertidas a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y al Director General de lnspección, Supervisión y Vigilancia Comercial Javier Govea, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pero nada pasó

La más clara forma de corrupción e impunidad para esta gasera la dio a conocer el propio organismo que debía sancionar, el INVEA, cuando tras denuncias mediáticas, el Instituto de Verificación Administrativa respondió a los medios de comunicación que publicaron la nota, siempre evadiendo su responsabilidad, que “en el caso particular de la gasera de Xochimilco se colocaron los sellos de suspensión de actividades de manera que no obstruyan el acceso principal, para que los dueños o autoridades puedan ingresar a dar mantenimiento o a evitar algún tipo de fuga o explosión; lo que no significa que se puede continuar ejerciendo la actividad económica que ahí se realizaba”, explica el INVEA.

De esta forma justificaban su acción consecuente con los infractores, al colocar los sellos de manera vertical como lo demuestran las gráficas anexas, donde hay personas cuidando las entradas (halcones) y claramente se ve que pueden abrir y cerrar las puertas sin violar tales sellos.

El INVEA ha sido, desde su nacimiento, no sólo un organismo incongruente e inútil para inducir las mejores formas de administración de la ciudad, sino que de manera amplia es públicamente señalado desde 2013 por organizaciones de la sociedad civil, de vecinos, jefes delegacionales y asambleístas de ser una carga al erario de la ciudad por más de 360 millones de pesos anuales.

Pero no sólo eso, sino también de duplicar las funciones delegacionales. La polémica sobre su existencia se fundamenta en los actos incomprensibles para la ciudadanía sobre su modus operandi.

Pero esto no es una novedad, desde su creación, en septiembre de 2010, ese instituto desconcentrado del Gobierno central de la ahora Ciudad de México, estuvo cargado de indicios de duplicidad de funciones, discrecionalidad y desde el punto de vista político como una maniobra para centralizar el poder y minimizar la capacidad de gestión de las delegaciones.

El INVEA surgió como derivado de dos sucesos escandalosos, con el fin de tranquilizar a la ciudadanía sobre las múltiples formas de omisión e ineficacia de los diferentes entes ciudadanos: la tragedia de 2008 en el antro “New’s Divine” en la Nueva Atzacoalco en la que murieron 12 adolescentes, y del atentado contra el futbolista Salvador Cabañas, en el Bar-Bar en enero de 2010.

El INVEA, en sus 7 años de existencia ha acusado grave incongruencia o bipolaridad en sus determinaciones desde su creación en 2010, por lo que existen denuncias sobre la discrecionalidad para aplicar operativos de manera selectiva, por una parte e ignorar casos flagrantes de violación a los ordenamientos o de evasión a las denuncias ciudadanas, por no mencionar los casos de extorsión de los que se quejan comerciantes establecidos de todo el territorio de la CDMX, como en la Zona Rosa, y los vecinos de la delegación Miguel Hidalgo.

Existen más de 7,418 juicios contra la actuación del INVEA de 2012 a diciembre de 2016; además tuvo un incremento de quejas en la Dirección de Quejas y Denuncias de la Contraloría General de la Ciudad de México, y de 2012 a marzo de 2017 se acercan al medio millar, como publicó el periódico 24 horas en marzo de este año.

Los actos aleatorios e impredecibles del INVEA han ocasionado que existan más de un millar de despachos de abogados y gestores en la Ciudad de México que ofrecen sus servicios para lograr la reapertura de los negocios que se cierran; y otros tantos para obligarlo a que cumpla con lo que le mandata la ley y las peticiones a las que prestan oídos sordos.

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