CIUDAD DE MÉXICO, 14 de febrero (AlMomentoMX).— El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte a su presupuesto (que implicó la eliminación de 14 proyectos) y la aplicación de la Ley de Remuneraciones, que impide a funcionarios ganar más que el Presidente.
“Con la finalidad de defender la autonomía otorgada por la Constitución a este instituto, así como la esfera competencial que las leyes reglamentarias le otorgan, el Inegi presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional”, indicó el Instituto en un comunicado.
Detalló que la controversia se interpone ante el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.
Ello, indicó, impide al Inegi ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado.
#ComunicadoINEGI Posicionamiento respecto al presupuesto de egresos de la Federación para 2019 y la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos. https://t.co/9Y41HMhF4t pic.twitter.com/OZi6bNZg31
— INEGI (@INEGI_INFORMA) February 14, 2019
El Instituto advierte que se establece la demanda contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la aprobación de los tabuladores para su personal, porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica.
“El Inegi busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal, razón por la cual se llegó a la decisión de promover ante la SCJN la demanda de controversia constitucional”, con el fin de que sea el Máximo Tribunal quien delimite el ámbito de la aplicación de las normas y actos mencionados, destacó.
El Inegi también avaló y reconoció la voluntad del Gobierno Federal, así como de la Cámara de Diputados, de aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público que permita un mejor uso de los recursos públicos, principios que están vigentes en el actuar cotidiano de este Instituto.
Afirmó que es respetuoso del marco constitucional y de las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, está aplicando lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y acatará la determinación que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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