Gobierno de Eruviel Ávila aprobó tala de 200 mil árboles para desarrollo inmobiliario

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CIUDAD DE. MÉXICO, 25 de enero (AlmomentoMX).-  Francisco Javier y Ricardo Funtanet Mange, empresarios cercanos a políticos del grupo Atlacomulco, fueron beneficiados con una serie de permisos fast track para derribar cerca de 200 mil árboles y, en su lugar, construir 20 mil viviendas en el municipio de Jilotzingo, Estado de México.

A sólo un mes para que Eruviel Ávila dejara de ser gobernador en el Estado de México, los hermanos Funtanet Mange, cercanos al grupo político de Atlacomulco, obtuvieron el último de los permisos necesarios para transformar un bosque de encino de 186 mil 504 árboles en el mayor desarrollo inmobiliario construido en los últimos 13 años en el Estado de México.

La autorización final para edificar —en una zona boscosa del municipio de Jilotzingo— 20 mil viviendas del proyecto bautizado como “Bosque Diamante”, se publicó el 1 de agosto de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado de México. En octubre de 2018 comenzó, en forma discreta, la tala de árboles en el camino Espíritu Santo-Chiluca.

La empresa que tramitó y obtuvo todos los permisos para el desarrollo inmobiliario es Bosque Avivia 58, aunque en algunos documentos se presenta como Grupo Avivia. En la escritura 43679 es posible conocer que los accionistas mayoritarios son los hermanos Ricardo y Francisco Javier Funtanet Mange, empresarios inmobiliarios del Estado de México y cercanos a políticos del grupo Atlacomulco.

Francisco Javier Funtanet Mange, además de ser empresario, también ha incursionado en la política: fue secretario de Desarrollo Económico en la administración del exgobernador Arturo Montiel y diputado local durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto. Cuando fue legislador, entre 2009 y 2012, presidió la Comisión de Protección Ambiental.

La empresa de los hermanos Funtanet Mange obtuvo los permisos para construir Bosque Diamante gracias a cambios al uso de suelo realizados por un presidente municipal que omitió requisitos indispensables. Lo logró también mediante una modificación al uso de terrenos forestales que autorizó la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de contradecirse en sus propias valoraciones donde había calificado al proyecto como inviable por fragmentar el ecosistema e ignorado la opinión negativa al proyecto que presentó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Y lo hizo pese a que había inconsistencias en la acreditación de la propiedad.

El proyecto inmobiliario de los Funtanet no sólo se benefició con la rápida entrega de los permisos para su construcción. Este conjunto urbano contempla una salida directa a la autopista —en construcción desde principios de 2017— que conectará al municipio de Atizapan con Atlacomulco, cuna de gobiernos priistas del Edomex.

Otros dos desarrollos de los hermanos Funtanet, Bosque Esmeralda —autorizado en 2005 en terrenos de reserva ecológica— y Bosque Real serían accesibles, por vías rápidas, a sólo 10 y 30 minutos de distancia del lugar donde se proyecta levantar Bosque Diamante, que abarcaría 236 hectáreas del municipio de Jilotzingo, zona que forma parte del área de recarga acuífera para los valles de México y Toluca.

Para llegar a Jilotzingo, desde la Ciudad de México, es necesario dejar atrás las zonas urbanas de Nicolás Romero y Atizapán para adentrarse a tierras rurales en donde las viviendas apenas se distinguen entre árboles y maleza.

El 82 por ciento del municipio de Jilotzingo es área natural protegida. En su territorio convergen el Parque Estatal Otomí-Mexica, cuya superficie se extiende hacia otros 15 municipios, y la Reserva Ecológica Estatal Espíritu Santo, que abarca 234 hectáreas.

Por su altura sobre el nivel del mar y al tratarse de una zona boscosa, Jilotzingo es una importante cuenca hidrológica, cuya superficie forma parte de las regiones hidrológicas del Pánuco y del Río Lerma, fundamentales para el suministro de agua en localidades de la zona, sobre todo del municipio de Naucalpan.

Resultado de la convergencia de las dos regiones hidrológicas y por la constitución de sus respectivos ecosistemas, apunta el propio Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de Jilotzingo, hay abundancia de agua: “Jilotzingo se ubica en la zona denominada Monte Alto, desde donde los escurrimientos generados por esta área de recarga acuífera abastecen tanto al Valle de México como al de Toluca, lo que hace que por su naturaleza, el municipio cuente con una riqueza hidrológica”.

Proyectos inmobiliarios con denuncias

Varios de los desarrollos inmobiliarios realizados por los hermanos Funtanet han sido centro de polémica y protagonistas de denuncias.

Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha documentado el caso del conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, desarrollado por los hermanos a través de la empresa Profusa Cuautitlán: “las autoridades federales, estatales y municipales han impedido el acceso a la justicia a más de 45 mil personas afectadas por la mala calidad de los materiales, vicios ocultos y deficiencias en la cimentación de 11 mil casas habitación”, se señala en el Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005-2011. La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado, un análisis documentado de la gestión del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

Jorge Arzave Orihuela, habitante del conjunto y quien ha interpuesto recursos legales desde 2009 — que hasta hoy no se resuelven y por los que ha recibido amenazas— y Luis Tapia Olivares, abogado del Centro Pro que ha acompañado el caso, explican que un estudio de mecánica de suelos probó que el terreno donde se construyó el desarrollo no se compactó ni se le hicieron las adecuaciones necesarias. Además, dictámenes de protección civil estatal y municipal consignaron el riesgo inminente de las viviendas. Aún así, las autoridades permitieron la construcción de 187 casas excedentes en áreas originalmente destinadas a equipamiento y cerca de otros dos mil departamentos en terrenos que debían ser de donación.

A 15 años del comienzo de la edificación del conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, nada se sabe de cinco unidades médicas, dos escuelas, un centro de servicios, un local de usos múltiples, zonas deportivas y muros de contención contemplados en el proyecto original, pero que hasta ahora no han sido construidos. “El comportamiento de los tribunales federales en el Estado de México, con esta constructora, no es el habitual: desechan inconformidades, no entran a fondo”, señala el abogado Tapia Olivares.

Bosque Esmeralda, desarrollo de los Funtanet realizado en Atizapán, tampoco ha estado libre de quejas: las obras de equipamiento no se realizaron. En el desarrollo Bosque Real, ubicado en Naucalpan, las acusaciones giraron en torno a incumplimientos del contrato de compra-venta y entregas de los departamentos en mal estado. Y para levantar el fraccionamiento Hacienda de las Palmas, en Interlomas, Huixquilucan, enfrentaron un litigio por despojo, después de que un particular acusó compras ilegales.

En la autorización de ese conjunto, Francisco Javier aparecía como titular de la Constructora Profusa, desarrolladora del proyecto, del mismo modo que sucede ahora, 18 años después, en la escritura que le da vida a Bosque Avivia 58, empresa a cargo de “Bosque Diamante”, el nuevo desarrollo de los hermanos Funtanet en el municipio de Jilotzingo.

Desde mediados de noviembre del 2018, MCCI solicitó en varias ocasiones entrevista con Francisco Javier Funtanet; su secretaria particular informó que el empresario se encontraba de viaje y que la petición sería evaluada, pero hasta la publicación de este reportaje no se ha tenido alguna respuesta.

La tala ya empezó

Un martes de septiembre, ejidatarios y comuneros de las cinco comunidades de Jilotzingo se reúnen en Tlazala, municipio de Isidro Fabela, con representantes de Probosque —organismo estatal— y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para discutir apoyos y proyectos con los que pueden aprovechar el potencial de los bosques de manera inteligente y sustentable. Ellos saben que en Jilotzingo se trata de cuidar el bosque, porque es prácticamente lo único que hay.

El parque ecoturístico de Santa María Mazatla es uno de los mejores ejemplos: 40 kilómetros de ciclopista de montaña, rapel y otros atractivos han hecho crecer la economía de los ejidatarios y atraído al turismo sin dañar el medio ambiente.

Esa y las otras cuatro comunidades de Jilotzingo comparten características: son zonas de captura del carbono que produce la Ciudad de México y lugares donde el ajolote lucha aún por sobrevivir. Cerca de 15 estudiantes de licenciatura y maestría estudian —para sus tesis— a más de 900 especies diferentes de plantas, 40 de mamíferos, 128 de aves y 26 de anfibios y reptiles que habitan el área.

Durante estas reuniones, la asociación civil Trabajando por el Desarrollo de Jilotzingo busca fortalecer la conciencia de cuidado del bosque entre sus habitantes, promoviendo la conservación y aprovechamiento de recursos con proyectos que reviertan, controlen y prevengan los daños por erosión del suelo, contaminación y agua. Probosque y Conafor ayudan en esa tarea.

Por eso, frente a la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco o los permisos para edificar Bosque Diamante, lo primero que acusan es un mensaje contradictorio de los gobiernos estatal y federal, que por un lado autorizan obras y desarrollos millonarios que arrasarían con cientos de hectáreas de bosque y por otro, promueven la reforestación que ejidatarios y comuneros trabajan de a poco, mediante proyectos a los que se les destinan montos que rondan entre el medio y los ocho millones de pesos.

“El gobierno federal, por parte de la Semarnat, nos dice a nosotros como comuneros, como ejidatarios, como ciudadanos, que el plantar un árbol tiene un costo de 850 pesos con un aproximado de 15 centímetros, para que tengamos una vegetación como la que tenemos… el mismo gobierno dice que invierte millones de pesos para cuidar el entorno ecológico. De la misma manera, Semarnat autoriza el derribo de árboles para un desarrollo llamado Bosque Diamante. Es algo incongruente, que ojalá nos pueda explicar el gobierno federal”, reclama Óscar Castillo, ejidatario de San Luis Ayucan.

Desde finales de 2018, él y sus compañeros han descubierto árboles arrancados en terrenos recién reforestados, que se encuentran dentro del perímetro que contempla el proyecto inmobiliario de los Funtanet.

La tala de terrenos forestales para erigir Bosque Diamante ya empezó, aunque a discreción. Yendo en automóvil sobre el camino Espíritu Santo-Chiluca, una línea de árboles oculta los derribos que avanzan bosque adentro.

Escrituras que no coinciden

En la zona donde se pretende construir Bosque Diamante, además de diferentes especies de flora y fauna, aún es posible encontrar restos del casco de la Hacienda de San Nicolás Apaxco. Los ejidatarios de la zona aseguran que, desde tiempos de la Colonia, esas tierras les fueron arrebatadas.

Israel Márquez, ejidatario de San Luis Ayucan, señala que la posesión de las tierras arrastra un problema agrario de más de 70 años. Su comunidad, explica, posee 562 hectáreas desde 1937, entre las que Bosque Diamante pretende disponer de 130.

Con el tiempo, la exhacienda de San Nicolás Apaxco se dividió en nueve fracciones. En 1980, una persona llamada Juan Latapi Sarre vendió dos de estas fracciones a la inmobiliaria La Vereda de Apaxco y a la inmobiliaria Hacienda San Nicolás.

Sin embargo, los folios con los que las escrituras de estos terrenos fueron supuestamente inscritas en el registro público de Tlalnepantla, publicados en la autorización de Bosque Diamante en la Gaceta Oficial del Estado de México, no coinciden con esos predios.

Además, en las escrituras presentadas por los Funtanet para el trámite de la MIA, las dos fracciones suman 257.82 hectáreas, mientras que la autorización de Semarnat es para una superficie de 223.76.

Incluso, la empresa de los Funtanet ameritó una sanción económica —de apenas 50 mil 778 pesos— por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, según consta en un oficio expedido por esa dependencia el 25 de mayo de 2018, por no cumplir a tiempo con la inscripción de los planos de lotificación ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Desde hace ya varios años, los boscosos terrenos de la exhacienda de Apaxco han sido motivo de disputas por su propiedad y uso; una de ellas derivó incluso en amenazas y una muerte.

En 2006, la empresa denominada Confinam obtuvo un permiso para la construcción de un relleno sanitario de 38 hectáreas en estos terrenos. Los habitantes de Jilotzingo descubrieron en el lugar desechos biológico-infecciosos y promovieron recursos legales bajo el argumento de que eran un riesgo latente para la salud y la preservación del medio ambiente por su cercanía con la presa Madín, desembocadura del río San Luis, que abastece de agua potable a diversas localidades de los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán.

El abogado Fernando Mayén Sánchez, miembro de la comunidad de San Luis Ayucan y representante legal de sus ejidatarios, fue hallado muerto en su automóvil el 12 de marzo de 2008 en la carretera que va de la Ciudad de México a Toluca. El permiso para el relleno sanitario fue revocado ese mismo año.

Los ejidatarios recuerdan en estos días esa lucha. La reviven pensando cómo defenderán el bosque de encino que ellos han ayudado a reforestar y que ahora, los hermanos Funtanet quieren transformar en un desarrollo inmobiliario.

Mientras afianza una manta vieja y rasgada donde apenas se distingue un “No al tiradero”, que ahora usa para proteger a sus yeguas de la lluvia, Rubén Mayen, exalcalde de Jilotzingo y ejidatario de San Luis Ayucan, cuenta que esa lona es lo único que queda de aquella defensa, hace 10 años, de los terrenos de Espíritu Santo. “Y como entonces, no nos vamos a dejar”, advierte.

AM.MX/fm

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