CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero (AlMomentoMX).— La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pronunció a favor de la Guardia Nacional, aunque señalaron que esta debe quedar a cargo de un mando civil y no en el militar, como se plantea en la iniciativa de reforma.
“La Guardia Nacional no debe ser institución clonada de las fuerzas armadas ni conducir a la militarización del país… Si bien se propone un origen castrense sus tareas deben correr a cargo de la autoridad civil. Solo así podrá darse una adecuada participación de los gobiernos estatales”, destacó el presidente de la Conago, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno (PRI),
Al inicio de las audiencias previas a la discusión de la reforma constitucional que dará vida a la figura de Guardia Nacional, el mandatario estatal afirmó que si se aprueba, la Guardia Nacional debe funcionar bajo los más estrictos criterios de respeto a la soberanía estatal, privilegiando coordinación, trabajo conjunto y pleno respeto a los derechos humanos.
“Los alcances de la Guardia Nacional deben ser tan amplios como la realidad social lo exige, pero circunscrito a los límites de la competencia federal. Los gobernadores jamás renunciaremos a la facultad constitucional de garantizar paz, armonía y tranquilidad a nuestros pueblos”, indicó.
Afirmó que los mandatarios estatales respetan las atribuciones que se le puedan otorgar al presidente de la República en materia de la Guardia Nacional, “siempre y cuando no rebasen el ámbito de su competencia, el ámbito federal”.
Recordó que en su estado de entre 500 y 600 personas que participan en los procesos de selección policíaca, solo 40 aprueban los controles de confianza. Por ello, exhortó a “tener claros los controles de confianza y los indicadores (en comisión de delitos) de cada entidad federativa”, dijo.
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, se pronunció en contra de que la Guardia Nacional asuma facultades de investigación de delitos como lo propone el dictamen a discusión en la Cámara de Diputados.
Según el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, en delitos federales, los integrantes de la Guardia podrán convertirse en auxiliares del Ministerio Público, es decir, podrán realizar labores de investigación.
Astudillo reiteró que los gobernadores del PRI están a favor de la aprobación de la reforma constitucional. Aclaró que que la Guardia no resolverá el problema de inseguridad en el país, “pero algo debemos hacer”.
“Vale la pena, entonces, encaminar esta iniciativa hacia un dictamen que genere las mejores condiciones para el nacimiento de la Guardia Nacional”, dijo.
En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que la presencia de la Guardia Nacional en México debe ser temporal y su mando civil, no militar.
Resaltó que este nuevo cuerpo de seguridad debe operar paralelamente al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, para que al final del día sean éstas quienes se hagan cargo de la seguridad pública.
“Hoy es perfectamente compatible caminar en pistas paralelas. Primero el reto es fortalecer las policías locales. Y, paralelamente, ya que el problema es complejo, apoyarnos en la Marina y el Ejército a través de la Guardia Nacional, pero de manera temporal y con un mando civil. Debe quedar establecido que la función de la Guardia Nacional es transitoria mientras se fortalecen los cuerpos de policía local”, expresó.
Mientras que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pidió a los legisladores escuchar todas las voces en el diseño de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, no sólo la perspectiva política, sino también la de los expertos nacionales e internacionales. Además, demandó respetar la soberanía de los estados de la República con los cambios en puerta.
El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, señaló que si bien está de acuerdo en la creación de la Guardia Nacional, esta debe estar en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no como establece el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que precisa que mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de 4 años, ésta será adscrita a la Defensa Nacional para su programación y ejecución de funciones en materia de seguridad.
AM.MX/dsc
