CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio (AlMomentoMX).- Un grupo de expertos de las Naciones Unidas exhortó al Gobierno de México a realizar una investigación transparente, independiente e imparcial sobre la presunta utilización de programas informáticos espías contra defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.
El llamado se produce a un mes de que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló que existen elementos para considerar que autoridades mexicanas utilizaron el spyware denominado “Pegasus” para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016.
“Estas denuncias representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección de los activistas sociales y periodistas en México”, afirmaron los expertos mediante un comunicado.
La intervención informática puede haber afectado a miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la entidad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Así como a algunos miembros del GIEI que participaron en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Entre los periodistas que afirman haber sido espiados están Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. Así como el hijo de la primera, que cuando se dio el espionaje era menor de edad, y a políticos de oposición.
“Dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, recalcaron los expertos de la ONU.
“La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación. En ese sentido, llamamos al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad del órgano investigador”, agregaron.
Asimismo, los expertos hicieron un llamamiento a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.
“Urgimos al gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo. Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado”, puntualizaron.
Suscribieron esta declaración los relatores sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; sobre la libertad de opinión y de expresión, David Kay; sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci; y la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Houria Es-Slami.
AM.MX/dsc
