PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 14 de noviembre (AlmomentoMX).- .- Juan Pablo Guillermo Molina ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con Roberto Borge Angulo no sólo fue pieza clave en el saqueo despiadado y sistemático de más de 30 mil millones de pesos que sufrió Quintana Roo el sexenio pasado, sino también uno de los que dañaron a varias generaciones que vieron canceladas las posibilidades de ver satisfechas sus necesidades más apremiantes.
Necesidades en materia educativa, de salubridad y de seguridad pública que debido al robo a gran escala ejercido por este ex funcionario y su camarilla, no pudieron ser cubiertas por el gobierno del que formó parte y que solo fue aprovechado para desviar recursos públicos y favorecer a un puñado de servidores públicos ambiciosos, carentes de escrúpulos.
De acuerdo al seguimiento que Sol Quintana Roo ha dado al tema, Guillermo Molina no sólo fungió formalmente como titular de Sefiplan, pues gracias a su complicidad se convirtió también en uno de los operadores financieros preferidos del ex gobernador que hoy se encuentra a la espera de que le sea dictado el auto de vinculación a prisión por un delito federal en un penal de Morelos.
EL DESVÍO DE GUILLERMO MOLINA
Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje en toda esta serie de trapacerías a nuestra Entidad, del universo
De los casi 12 mil millones de pesos acreditados a Borge y sus prestanombres tan solo entre 2015 y 2016, a Guillermo Molina se le relaciona con el desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos, por eso se encuentra prófugo a la espera de que en cualquier momento se anuncie su esperada captura.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el hoyo financiero podría superar los 16 mil millones de pesos, pero en instancias de gobierno se habla de que el quebranto podría rozar los 30 mil millones de pesos.
LO QUE SE DEJÓ DE HACER
Si se tomara como referencia las tarifas de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) con los mil 500 millones de pesos desviados atribuidos solamente a Juan Pablo se podrían edificar casi tres hospitales de segundo nivel, con un costo de 578 millones 500 mil pesos cada uno. Con dichos nosocomios se hubiera salvado la vida de miles de quintanarroenses con problemas de salud crónicos.
En lo que involucra al ramo educativo, con lo que se desvió a través de Sefiplan se hubieran construido 25 escuelas equipadas con auditorios y centros de cómputo a razón de 50 millones de pesos por cada institución, para atender las necesidades educativas de miles de niños y adolescentes que no cuentan con planteles cercanos a sus comunidades o bien que no alcanzan cupo en academias ya existentes.
En materia de seguridad pública, con los casi mil 500 millones de pesos que este personaje despojó al Estado, Quintana Roo hubiera podido adquirir alrededor de 2 mil 300 patrullas a un costo unitario de 650 mil pesos cada una, con todos los aditamentos para realizar una digna labor policial, que hubieran servido para utilizarse en todos los municipios.
Por esos tres abrumadores ejemplos, el boquete a las finanzas del Estado a través de la citada dependencia golpeó fuerte las aspiraciones futuras de la sociedad quintanarroense y provocó un parteaguas en lo político, lo social, pero sobre todo en lo económico en este punto geográfico del País, que por sí solo, recibe el mayor volumen de divisas por concepto de turismo.
TODO UN NOVATO
El único puesto gubernamental que antes había ocupado fue el de director de finanzas del municipio de Solidaridad en Playa del Carmen y la Riviera Maya en el trienio (2008-2011) del alcalde Román Quian y de ahí pegó el salto a “grandes ligas” al arribar a la gubernatura Roberto Borge Angulo.
De abril de 2013 a marzo de 2015 fungió como titular de la Secretaría de finanzas y Planeación del gobierno del Estado (Sefiplan), antes Secretaría de Hacienda, ya que pidió licencia por “motivos personales”, aunque en realidad su ausencia del cargo fue para buscar la alcaldía del municipio de Solidaridad para blindarse de los embates legales que se veían venir en contra suya a través del fuero, sin éxito alguno. Luego se reincorporó al gabinete estatal en agosto de ese último año hasta el final del mandato Borgista en 2016.
En casi tres años al frente de Sefiplan, su improvisada trayectoria y su colusión con el ex gobernador Roberto Borge provocaron el coctel explosivo que detonó el gobierno más corrupto y rapaz del que se tenga memoria en estas bellísimas tierras caribeñas del Sureste mexicano, que se verán damnificadas por ese huracán de ilegalidades por al menos los tres próximos sexenios.
Para darnos una idea de algunas de las formas en que Guillermo Molina operaba, según las diversas indagatorias realizadas tanto por la Fiscalía de Quintana Roo como por la Contraloría estatal, se encuentra la confabulación de este funcionario con otros secretarios de gabinete y algunos directores de organismos descentralizados del propio gobierno del Estado para cometer los más grotescos delitos.
Como por ejemplo, cuando el titular de Sefiplan enviaba dinero en efectivo a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud para pagarle a un supuesto proveedor de esta última dependencia, mismo que con dicho pago se dirigía, previo acuerdo, a la Dirección del Instituto del Patrimonio Inmobliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE).
Al momento del contacto su titular Claudia Romanillos Villanueva le mostraba a este “proveedor” un abanico de propuestas de terrenos propiedad del gobierno estatal, mismos que él compraba a precios de ganga. Sin embargo, luego de cerrarse la operación los terrenos adquiridos pasaban a nombre de diversos prestanombres para borrar huellas y evitar sospechas.
De igual manera, otra muestra de la forma en que Juan Pablo se allegaba de recursos frescos de manera indebida, ocurrió cuando éste y el ex candidato del PRI a gobernador de Quintana Roo en las elecciones de 2016, Mauricio Góngora Escalante, crearon cinco empresas constructoras que obtuvieron cerca de 110 millones de pesos en obras que habían de desarrollarse en predios propiedad de ambos sujetos.
A Góngora Escalante Guillermo Molina entregó también 100 millones de pesos para su campaña política y a cambio sólo le requirió firmar un recibo en una simple hoja en blanco con su firma estampada.
SAQUEOS GROTESCOS
Otra forma no menos grotesca de saquear los recursos públicos por parte de Juan Pablo, fue cuando éste como cabeza de SEFIPLAN le quitó literalmente mil millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cancún producto de la expansión de “Aguakan” -la empresa privada a la que estaba concesionada la distribución del vital líquido-, por todo el municipio de Benito Juárez e Isla Mujeres.
Dicho dinero nunca apareció en la contabilidad oficial, pues nadie supo dónde fue a parar, aunque se presume que fue parte del recurso utilizado en la campaña a gobernador del PRI en 2016, Mauricio Góngora Escalante, socio de Guillermo Molina.
No menos bestial fue la forma en que éste arrebató 556 millones de pesos más a CAPA que eran producto de un crédito que la Paramunicipal solicitó al Ayuntamiento de Cancún y que sospechosamente fueron depositados por este organismo a la cuenta de Sefiplán, recursos que “por arte de magia” también desaparecieron del radar contable.
Lo mismo sucedió con el desvío de mil 400 millones de pesos del Fondo de Promoción Turística provenientes de la recaudación del Impuesto al Hospedaje, ya que, al estilo sexenal, nunca se rindió cuentas del destino de ese dinero.
Para rematar y de manera inexplicable, la misma dependencia encargada de manejar los recursos del gobierno estatal logró que dicha Comisión le cediera adicionalmente casi 200 millones de pesos que le pagaba anualmente “Aguakan” por el uso de dos cárcamos, lo cual simple y sencillamente no tiene comparación.
EL LAVADO
En esa época dorada para los funcionarios rapaces encabezados por el entonces gobernador Borge, Guillermo Molina no sólo acabó con los recursos públicos a su alcance, sino gracias a esos oscuros manejos creó sus estructuras financieras particulares para lavar el dinero público.
Prueba de ello fueron las cuatro empresas fantasma que creó en Mérida, Yucatán para lavar alrededor de 300 millones de pesos anuales. La primera de ellas fue Maquinarias y Servicios Peninsulares S. A. de C. V., que supuestamente alcanzó un ingreso mensual de 5 millones 630 mil pesos, lo que al año le arrojaba ganancias de casi 68 millones de pesos.
Otra de ellas fue YAGSA Constructora Inmobiliaria S.A. de C.V., con entradas de 5 millones mensuales y 60 millones de pesos durante cada ejercicio fiscal. Serprosur S. de R. L de C. V., fue otra de las empresas pantalla para lavar casi siete millones de pesos mensuales
y acumular poco más de 83 millones de pesos anuales.
Estas empresas, no contaban con activos, personal, infraestructura o capacidad material para brindar los servicios, producir y comercializar los productos ofertados, además de que en los domicilios donde supuestamente se podían localizar dichos negocios habitaban personas que desconocían la situación o bien lucían vacíos.
Pero esa era sólo una parte de la operación, pues otra de las formas de proceder para sustraer cientos de millones de pesos del erario público por parte del ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación fue a través de la transferencia de recursos bancarios a cuentas de supuestas empresas de proveeduría que nunca aparecían en los padrones que para tal efecto tiene registrados el gobierno estatal por medio de Oficialía Mayor.
LA BURDA REMEDIACIÓN
Además, con el afán de corregir todas las desviaciones financieras a través de las acciones burdas e improvisadas del titular de Sefiplan al robar el dinero de los quintanarroenses, éste contrató los servicios de una empresa denominada “Finsago” S. A. de C. V., que se encargó de realizar una serie de estudios y análisis en ese sentido, que de igual manera no dieron ningún resultado en términos de efectividad pero si resultaron muy onerosos pues por ellos se pagó 6 millones 452 mil 353 pesos.
Otro pago igual de elevado, para arreglar los quebrantos financieros de Guillermo Molina, lo recibió la consultora BS&Consulting S.A. de C. V. por el orden de los 7 millones de pesos bajo el grotesco concepto de “medir la ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de proceso, personas, sistemas internos, tecnología en la presencia de eventos externos imprevistos”. Lo anterior da cuenta de la forma en que se operó el sexenio pasado.
Sin embargo, una vez que los acontecimientos fueron cercando a Juan Pablo Guillermo Molina, este buscó en primera instancia la candidatura al gobierno municipal de Solidaridad para blindarse con el fuero de posibles embates legales en su contra por todos los lastres acumulados durante su gestión como titular de la dependencia.
Al no poder ser nominado por el cargo debido precisamente al negro historial que ya cargaba, logró ser diputado federal suplente, pero no alcanzó convencer al propietario de que renunciara para él ocupar su curul y protegerse de la justicia.
Fue así que el corrupto secretario primero debió enfrentar un juicio político promovido en su contra por todas las denuncias penales que pesaban sobre él, pero en vez de comparecer personalmente ante la Comisión Instructora de la XV Legislatura del Congreso del Estado, lo hizo por escrito debido a que se vio precisado a huir de la justicia una vez que su ex patrón Borge fue aprehendido.
A ello se sumó una denuncia presentada ante la PGR por el senador Daniel Ávila Ruiz y al mismo tiempo ante la Auditoría Superior de la Federación por la adquisición ilegal de 300 hectáreas de terrenos ejidales en Mérida, en los que se construye una fábrica de la Cervecería Modelo.
Al ex funcionario borgista terminó por acabarlo jurídicamente, y dejarlo en la indefensión total, la improcedencia de una solicitud de sobreseimiento por parte de su defensa ante los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral de acuerdo a la carpeta administrativa 151/2017.
En esa diligencia el Juez resolvió, que además de que dicha defensa no tenía personalidad jurídica para defenderlo, tampoco podía continuar la audiencia al no encontrarse presente -por estar prófugo de la justicia- el imputado como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que fue desechada esa solicitud de suspensión del proceso legal en contra de éste.
Fue así que los días de gloria terminaron para uno de los funcionarios más rapaces y corruptos que jamás hayan ocupado cargo alguno en el gobierno del Estado de Quintana Roo, mismo al que ya le pisan los talones, pues sólo es cuestión de tiempo para su anhelada captura para que enfrente todos los procesos en su contra y rinda cuentas a la sociedad a la que anuló muchas de sus pretensiones.
AM.MX/fm
