jueves, marzo 28, 2024

ESTADO DE LOS ESTADOS: Urge TLCAN para legalizar contratos de EPN

Lilia Arellano

 

“Es fácil tener principios cuando eres rico, lo más importante

es tener principios cuando eres pobre”: Ray Croc

 

  • Urge TLCAN para legalizar contratos de EPN
  • Freno a la violencia, exigen UNAM y la  UdeG
  • PRI y PAN disputan medallas por homicidios
  • Ricardo Anaya impedido de defender a CMJG
  • Alistan senadores aprobación a “Ley Chayote”

 

Ciudad de México, 26 de abril de 2018.- Los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto, por separado,  coincidieron en la posibilidad de una pronta conclusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), posiblemente a principios de mayo. Las conversaciones están muy avanzadas, dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, mientras Moisés Kalach, representante de la IP Mexicana en el proceso, señaló: en los siguientes 10 días “podría haber un nuevo tratado”. Todas las partes presionan para alcanzar rápidamente un acuerdo a fin de evitar que éste empate con los comicios del primero de Julio en México y, sobre todo, para responder al apretado calendario legislativo estadounidense.

 

Sin embargo, aún persisten grandes diferencias respecto a varias demandas estadounidenses. Robert Lighthizer, representante comercial de EU; la canciller canadiense Chystia Freeland; y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, escoltado por el aprendiz de canciller, Luis Videgaray, están en Washington trabajando para alcanzar un consenso rápido en temas espinosos como el endurecimiento de las reglas de origen para automóviles y los mecanismos para resolver controversias, así como el sector agrícola, donde EU propuso una cláusula de temporalidad para las exportaciones de México. El cabildeo fue intenso el fin de semana y principios de esta y continúa…

 

Freeland y Lighthizer se reunieron el martes para analizar las propuestas de Washington para las reglas automotrices, pues la reglamentación de este sector sería “el corazón” de un TLC renegociado. Guajardo se centró en los aranceles, anunciados en marzo pasado por Trump, de 25 por ciento para el acero y de 10 por ciento para el aluminio, aunque México y Canadá quedaron exentos temporalmente. “México ha sido muy claro, no aceptaremos ningún tipo de restricciones para el aluminio y el acero”, subrayó el funcionario al destacar: un TLCAN modernizado debería servir para resolver el tema. Videgaray  y Guajardo se reunieron el miércoles con Lighthizer para presuntamente destrabar las diferencias más relevantes con Washington.

 

Donald Trump dijo el martes a periodistas que las conversaciones con los equipos negociadores de Canadá y México iban bien y que el TLCAN podría completarse rápidamente. “El TLCAN, como saben, se está moviendo. Tienen una elección muy pronto y será interesante ver qué pasa con esa elección. Pero lo estamos haciendo muy bien con el TLCAN. Podría haber un trato muy rápido, pero no estoy seguro de que sea lo mejor para los intereses de Estados Unidos. Veremos que sucede”.

 

A su vez, Enrique Peña Nieto, al participar en el encuentro empresarial con los miembros de la Confederación Patronal Neerlandesa, aseveró: estamos a “semanas” de llegar a un acuerdo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual concentra buena parte del comercio de México. Y agregó: “Estamos en esa ruta. Estamos, estimo yo, a semanas de tener la posibilidad, realmente, de poder concretar o de llegar a un acuerdo en principio en esta renegociación”.

 

Por su parte, el representante del sector privado en las conversaciones, Moisés Kalach, estimó posible en 10 días alcanzar un acuerdo para modernizar el TLCAN. “En los siguientes 10 días podremos tener realmente un nuevo tratado en principio. Ya estamos muy avanzados, ya tenemos entre nueve y diez capítulos listos para la aprobación de los ministros”, señaló en una entrevista radiofónica.

 

La prisa, según se reveló la mañana de ayer, es hacer suficientemente sólidos todos los contratos de operaciones ya autorizadas y pactadas relacionadas con las telecomunicaciones, petróleo, energía y hasta aquellas en las cuales aparecen renglones sobre obras para dar cumplimiento a mandatos internacionales relacionados con el servicio aéreo.  Esta urgencia procede, se asienta, en la ambición mostrada por el gabinete de Peña Nieto y por él mismo, para evitar puedan desbaratarles operaciones en las cuales, si algo sobra, son dudas sobre su transparencia y de la forma en donde se ven beneficiados de manera directa. Pueden aparecer como accionistas de empresas “socias” beneficiadas o con los rápidos y efectivo “moches” o tal vez  comisiones. Limpio no hay nada, absolutamente nada.

 

FRENO A VIOLENCIA EXIGEN UNIVERSIDADES

 

Tras la ejecución de tres estudiantes de cinematografía en Jalisco, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno acciones inmediatas para frenar y erradicar la violencia en el país.  “Las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara exigimos acciones inmediatas para frenar y erradicar esta violencia que a todos nos agravia e indigna; así como una investigación exhaustiva que conlleve a la detención de los responsables de esta atrocidad”, señalaron en un comunicado, en donde también demandan suprimir la impunidad rampante en todo el país.

 

Luego de  la confirmación de la Fiscalía de Jalisco sobre los tres estudiantes de la Universidad de Medios Visuales (CAAV) de Guadalajara, quienes desaparecieron el 19 de marzo pasado tras hacer una tarea escolar, fueron asesinados y sus restos disueltos en ácido, la instituciones de educación superior más grandes del país destacaron: “las muertes de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ávalos se suman a una cruel y creciente realidad que amenaza a la juventud mexicana”.

 

La UNAM y la UdeG citaron cifras oficiales de personas extraviadas o desaparecidas: los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que entre enero de 2007 y el mismo mes de 2018, en el fuero común se reportó la desaparición en el país de 34 mil 268 personas, de las cuales 9 mil 404 son jóvenes de entre 15 y 24 años, lo que corresponde a 27% de las personas no encontradas. A esa cifra se suma la de 2 mil 788 bebés  y niños de entre cero y 14 años de edad desaparecidos en el mismo periodo, quienes, según las autoridades “estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado”…

 

“Cada uno de ellos representa una investigación fallida, una familia destrozada y una esperanza perdida”, dice el comunicado en donde se subraya: “la escalada de violencia e impunidad rampante está presente en todos los rincones de nuestra nación. Jalisco, después de Tamaulipas y el Estado  de México, es la entidad donde más casos de desapariciones se han reportado con 3 mil 60. No es posible continuar así”.

 

Se le puede sumar a lo anterior un buen número de casos acumulados durante los últimos 18 años. La lista y las cifras son espeluznantes. Sin embargo, ni en el tiempo de Zedillo, ni con Fox, ni con Calderón y mucho menos con Peña Nieto se ha visto tengan a bien presentarse en uno de esos miles de hogares dañados en su entraña misma a dar un pésame, tampoco se les ve en sepelios, menos aún han hecho lo debido para frenar estas olas de violencia. La complicidad se va ampliando y cubre ya las bases policiacas, sigue a las comandancias, a los ministerios públicos, a los jueces, a los responsables del gabinete de seguridad y… culmina ya sabe usted donde. Enviar a personajes como “El Chapo” al extranjero es también una forma de blindaje para evitar la denuncia de esta cadena y, todo apunta, prefieren ser rehenes del vecino del Norte a quien sirven sin el menor recato a ser ubicados como corresponde a la realidad presente día a día.

 

PRI Y PAN DISPUTAN MEDALLAS POR HOMICIDIOS

 

Mientras, los índices de violencia en territorio nacional se convirtieron en tema de debate en las campañas por la Presidencia de la República: un análisis del denominado Semáforo Delictivo destaca: durante el primer trimestre del año, los homicidios dolosos tuvieron un mayor  crecimiento en los estados de Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas, todos ellos gobernados por el PAN o PAN-PRD.

 

SD resalta el aumento de este delito en 19 entidades en comparación con el mismo periodo del año pasado, en las cuales se incluyen también Baja California, Puebla, Querétaro y Veracruz, entidades gobernadas por el blanquiazul. De las entidades con incremento de violencia, nueve son administradas por panistas y otras ocho gobernadas por el PRI: Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

 

“Quien insista como candidato en continuar esta guerra (contra las drogas) no  ha entendido las cosas, y vemos varios candidatos lo están haciendo. No es de más guerra, es de paz”, indicó Santiago Roel director del Semáforo Delictivo tras presentar el informe. Entre enero y marzo de este año, el homicidio doloso aumento 15 por ciento en el país con respecto al mismo periodo de 2017, al pasar de 5 mil 673 carpetas de investigación a 6 mil 663.

 

El panista Ricardo Anaya contestó de inmediato a los señalamientos de Roel y presentó los índices delictivos de entidades gobernadas por el PRI. En San Martín Texmelucan, Puebla, culpó a la Federación de la situación de violencia en entidades bajo gestión de su partido y reviró que la entidad con mayor tasa de homicidios es Colima, gobernada por el PRI; el que tiene mayor tasa de secuestros es Guerrero, también en manos de priistas; con más feminicidios está el Estado de México, administrado por el tricolor. El panista argumentó que de 2014 a la fecha la violencia aumentó en 29 de 32 entidades federativas y responsabilizó al gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

 

Habríamos de conocer su opinión con respecto a Quintana Roo, en donde ayer encontraron un vehículo estacionado en céntrica avenida de Cancún con cinco cadáveres embolsados. Más tarde, otro ejecutado. La semana anterior, la renuncia del director del penal, el nombramiento de un encargado quien renunció la tarde del martes y se sigue contando el incremento de una violencia sin par.  Aunque Anaya tal vez no decida entablar defensa alguna en contra de don Carlos Manuel Joaquín González en virtud de la cercanía y apoyo del mandatario quintanarroense en favor de doña Margarita de Calderón Hinojosa. Y eso de andar checando en dónde están peor ya no es justificante para nadie y menos aún refleja intenciones serias de acabar con este flagelo.

 

LEY CHAYOTE ANTE AVAL DEL SENADO

 

Para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo plazo concluye el día 30 de este mes, el Pleno del Senado de la República se alistaba, al escribir estas líneas, a aprobar sin cambios el proyecto de la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”, pendiente desde hace 10 años, y remitido por la Cámara de Diputados, a pesar de la oposición de los senadores del PAN, PT, Morena y PRD. La votación final se esperaba se efectué en la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

 

La minuta de la ley reglamentaria de la fracción octava del artículo 134 constitucional pasó directamente a la Mesa Directiva del Senado pues, por segunda ocasión, no hubo acuerdo entre las tres comisiones dictaminadoras. El documento propuesto por el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Raúl Pozos Lanz, y el cual acepta en sus términos la minuta de los diputados, no se pudo avalar pues la oposición actuó en bloque, con el PAN a la cabeza, para evitarlo.

 

En la Comisión de Gobernación se avaló con tres votos a favor y dos en contra; en la de Radio, Televisión y Cinematografía hubo empate a siete; y en la de Estudios Legislativos se votó tres a dos en contra del proyecto.  El dictamen no se logró destrabar en comisiones: no se logró mayoría en ningún sentido, es decir, ni por la aprobación del mismo ni por su desechamiento, por lo cual se determinó remitirlo a la Mesa Directiva, quien lo presentó al Pleno para su discusión y aprobación.

 

El dictamen aprobado por los diputados “deja un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”, señalaron en un comunicado conjunto los relatores especiales para la libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, quienes consideraron esencial “contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo”. Además, resaltaron la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas en caso de que la norma sea incumplida.

 

Para los senadores de oposición, la “Ley Chayote” no cumple con los parámetros de la Constitución ni lo que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La perredista Angélica de la Peña aseveró es una norma la cual legitima el autoritarismo de antaño y legaliza el mercado negro de propaganda política disfrazada de información. “Atenta contra la libertad de expresión, que utiliza el dinero público para controlar la línea editorial de los medios que se financian con recursos públicos, sin rendir cuentas. Contiene aspectos tan criticables como el hecho de que sea la Secretaría de Gobernación quien mantenga el control de los tiempos del Estado, así como el padrón nacional de medios”, apuntó.

 

Para el petista Froilán Esquinca, la “Ley Chayote” no cumple con los estándares mínimos para una adecuada regulación de la comunicación social y plantea la legalización de la práctica de censura directa hacia los comunicadores. “No se puede permitir que se inviertan millones en publicitar acciones que se deben realizar por ser una obligación inherente al cargo que se detenta, no se plantean límites presupuestales claros para que no exista un sobre ejercicio de los recursos destinados para tal rubro”, refutó.

 

Y si bien la regulación y el contenido publicitario es importante, no debe desviarse lo principal: la libertad de expresión y la eliminación de esos renglones en donde, sea verdad o sea mentira, no pueden hacerse señalamientos o denuncias afectando a terceros.

 

DE LOS PASILLOS

 

Por tercer día consecutivo, padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, alumnos y activistas se manifestaron en Avenida Bucareli, calle aledaña a la Secretaría de Gobernación, y frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir una mesa de trabajo a las autoridades federales… “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corearon y recriminaron que el gobierno federal de Peña Nieto quiere dejar en impunidad el caso Ayotzinapa… En agosto de 2017 fue la última vez que los inconformes se reunieron con funcionarios de Segob…

 

Xavier Olea Peláez, fiscal general de Guerrero, anunció presentará su renuncia ante el Congreso del estado “por motivos personales”. “Después de servir a Guerrero por cerca de tres años, he decidido por razones estrictamente personales presentar al Congreso de Guerrero mi renuncia al cargo de fiscal general del Estado, misma que enviaré esta tarde al Poder Legislativo”, precisó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno… Olea fue muy cuestionado a lo largo de su gestión por la falta de resultados ante los problemas de violencia resentidos en esa entidad en los últimos años… El promedio de ejecuciones en ese estado se acercaba a la decena diaria. La mayoría de las víctimas son ultimadas a balazos y la violencia es extrema pues son comunes los casos de desmembrados, calcinados, embolsados, decapitados, asfixiados y hallados en fosas clandestinas… El gobernador priísta Héctor Astudillo deberá mandar una terna al Congreso local a fin de elegir un nuevo fiscal…

 

 

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