Lilia Arellano.
“No encuentres la falta, encuentra el remedio”: Henry Ford
- Reto: eliminar mega transas y negocios
- Fideicomisos hacen desaparecer, en un tris, dinero público
- Reconocidos tecnócratas sirven de hinojos a trasnacionales
- Autopsia: sufre el PRI agudas crisis políticas y económicas
- Incrementa EEUU envío de alertas de para viajar a México
- Sargazo, inseguridad e influenza, amenazan Quintana Roo
Ciudad de México, 18 de Julio de 2018.- El combate la corrupción y a la desviación de recursos públicos por parte de funcionarios sin escrúpulos deberá empezar en el próximo gobierno por aclarar los montos y destinos de los fideicomisos operados por la administración federal. Dentro de los 50 lineamientos de austeridad, la próxima gestión presidida por Andrés Manuel López Obrador, señala “serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”. Van uniéndose así las piezas del gran rompecabezas corrupto creado sin escrúpulo alguno por el mexiquense Enrique Peña Nieto y su pandilla.
Este objetivo es prioritario. Actualmente hay 374 fideicomisos cuyo monto asciende a 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o 79 veces el presupuesto destinado durante un año para desarrollo social de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las tres entidades en donde se concentra la mayor pobreza en el país. Estos fideicomisos por su opacidad y la falta de rendición de cuentas dejan muchas dudas. De acuerdo al estudio “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos no tiene un control de vigilancia, es decir, 772 mil millones de pesos, los cuales en teoría deben ser utilizados para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas.
A la fecha se tienen seis principales tipos de fideicomisos: Estabilización financiera, con 318 mil millones de pesos; Apoyos financieros, 134 mil millones; Infraestructura pública, 130 mil millones; Pensiones, 89 mil millones; Subsidios y apoyos, 69 mil millones; y Prestaciones laborales, 28 mil millones. Esos fideicomisos operan con poca transparencia y “mínima” rendición de cuentas, lo cual complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos. No obstante, cada año el gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo permitido: de 2013 a 2016 gastó el doble de dinero de lo aprobado por el Congreso de la Unión. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 mil millones. Cabe resaltar esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitante.
La información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano. La única información a la cual se puede acceder son los montos generales de los ingresos y egresos, pero no hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones, al resto sólo la Secretaria de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen pleno acceso, de ahí las revelaciones anteriores documentadas posteriormente por asociaciones dispuestas a ponerle fin a estas arbitrariedades y manejos oscuros.
El estudio de Fundar concluye: los recursos públicos ejercidos a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y poca rendición de cuentas, por lo cual sirven como instrumentos para desviar recursos púbicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados. Todo, lejos del escrutinio público. Además, instancias privadas controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y sus operaciones son confidenciales. Santander es el banco que más dinero controla (34 mmdp), le sigue Banorte (18mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp), y Banamex (3 mmdp). Súmele las cantidades pagadas a todos ellos por la vía del maldecido Fobaproa.
Uno de los objetivos fundamentales de la nueva administración federal fijados a corto plazo será obligar a quienes controlan los fideicomisos a cumplir con los lineamientos ya establecidos en la Ley de Transparencia a fin de tener una radiografía de todos los movimientos realizados y así determinar si el mecanismo funciona para lo que fue creado. Es preocupante se tengan más de 300 fideicomisos sin estructura: no cuentan con un ordenamiento orgánico el cual se asimile a alguna entidad o dependencias de la administración pública federal; no tienen órgano de control interno, el cual fija que las entidades o instancias cumplan con sus objetivos y disminuya la ocurrencia de irregularidades en gasto o de malos manejos.
Cada vez es mayor la proporción de gasto en inversión ejercida a través de fideicomisos. El problema radica en ser figuras poco transparentes, por lo cual debe revisarse su pertinencia, determinar si hay indicios de irregularidades en su manejo y establecer mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En 2015, 36 por ciento del gasto en la inversión física se ejerció a través de fideicomisos públicos, mientras que en 2013 fue el 17 por ciento. Cada vez se van más recursos a fideicomisos y eso, por fortuna, está a unos meses de concluir.
TECNOCRÁTAS AL SERVICIO DE TRASNACIONALES
Frenar el traslado de la riqueza energética de México a compañías trasnacionales, acción posible gracias a la aprobación e implementación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, será factible sólo a través de desmontar la amplia red de complicidades establecida entre un selecto grupo de tecnócratas educados en universidades de Estados Unidos al amparo del poder presidencial en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, principalmente, y empresas con intereses en el sector energético del país, no sólo en hidrocarburos y gas sino también en generación de electricidad y extracción de minerales.
Este grupo de tecnócratas se incrustaron en la parte alta de la estructura burocrática del gobierno de Enrique Peña Nieto, provienen tanto del PRI como del PAN, y se convirtieron en el centro de una amplia red de tráfico de influencias y corrupción que frenó el desarrollo de la industria energética paraestatal en México e impulsó la incrustación de empresas trasnacionales extranjeras en dicha industria, generándole billonarias ganancias, de las cuales, los cabilderos tuvieron su porcentaje correspondiente.
Las empresas extranjeras se han ido apoderando del petróleo y el gas en México, y tienen buenos aliados en nuestro país. No sólo el presidente Enrique Peña Nieto e integrantes de su gabinete como Luis Videgaray o Carlos Ruiz Sacristán, sino también ex funcionarios públicos, antiguos directores de Pemex, ex titulares de Hacienda y de Energía de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, quienes trabajan directamente para esas trasnacionales y bancos de inversión de negocios del sector energético. Ellos impulsaron y cabildearon la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales, lo cual abrió el sector en su totalidad y facilitó la venta de activos de Pemex.
Este grupo de tecnócratas, ex directores de Pemex y ex secretarios de Energía y Hacienda, entre los cuales destacan Jesús Reyes Heroles, Luis Ramírez Corzo, Georgina Kessel, Juan José Suárez Coppel y Pedro Aspe Armella, aprovechan sus relaciones como servidores públicos y fueron contratados por empresas privadas del sector petrolero y energético. Cabildean y acuerdan licitaciones y contratos de Pemex y CFE a modo y tienen contactos con áreas estratégicas del sector energético. Aparecen en informes del mercado energético como “nuevos agentes financieros” y “jugadores clave” en la “apertura” del sector a la inversión extranjera. Cuentan con información privilegiada, son socios de empresas, empleados de trasnacionales y traficantes de influencias que logran contratos y licitaciones a modo para las empresas extranjeras para las cuales trabajan.
Pedro Aspe debe ser colocado en primer lugar en este grupo de tecnócratas al servicio de trasnacionales. Al dejar su cargo en la SHCP, fundó la consultoría Protego y se convirtió en socio y padrino de la tecnocracia encabezada actualmente por Luis Videgaray, retrasado y reprobado aprendiz de canciller. Es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con doctorado en el Tecnológico de Masachussetts (MIT). Actualmente es co-presidente del consejo del fondo de inversión trasnacional Evercore Partners. En 1996 creó Protego Asesores, empresas de colocaciones privadas de capital en México. Luis Videgaray fue, entre 2001 y 2005, director de Finanzas Públicas de esa empresa consultora. Entre los proyectos a su cargo destacaron el financiamiento de la deuda pública de los estados de México, Sonora, Oaxaca y Durango. Después de reestructurar la deuda del Estado de México, en 2005, Videgaray se convirtió en el secretario de Finanzas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Jesús Reyes Heroles hijo destaca en este grupo. Economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor por el Tecnológico de Masachussetts (MIT), fue director de Banobras (1994), secretario de Energía con Zedillo (1995-1997), embajador de México en los Estados Unidos (1997-2000), actualmente es asesor de empresas trasnacionales. Al dejar su cargo en Pemex, Jesús Reyes Heroles hijo formó StructurA, compañía que agrupa a las empresas GEA (Grupo de Economistas y Asociados), PROA, MBD y EnergA. En enero de 2013, Morgan Stanley Private Equity anunció la creación de EnergeA, en asociación con Reyes Heroles, corporativo de servicios integrales de consultoría especializada y desarrollo de proyectos. EnergA apoyó a firmas que venden productos y servicios a paraestatales para hacer negocios con Pemex.
Emilio Lozoya Austin también es un destacado integrante de este grupo. Economista egresado del ITAM y maestro por la Universidad de Harvard, fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y director de Pemex. En su gestión como director de la paraestatal, OHL obtuvo contratos relevantes con Pemex Refinación: la construcción de una planta de hidrógeno, la terminación de un gasoducto en la refinería Cadereyta Jiménez, en Nuevo León, y la construcción de una planta de cogeneración de 35 megavatios a instalarse en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas. Entre 2009 y 2012, Lozoya, quien hasta 2012 fue miembro del consejo de administración de OHL, fundó y encabezó varios fondos de inversión, especializados en inversiones de capital privado a nivel global en diversas industrias, incluyendo reestructuraciones y transacciones internacionales.
Juan José Suárez Coppel es otro de los tecnócratas destacados de este grupo al servicio de trasnacionales. Fue director de Pemex de 2009 a 2012. No pasó ni un año de finalizar su gestión cuando se integró a la empresa del sector energético Jacobs Engineering Group, con sede en Houston, Texas. Siendo director de Pemex, fue responsable de grandes pérdidas por la compra irregular de acciones de la petrolera española Repsol, que superaron los 100 mil millones de pesos. En enero de 2013, Pemex reportó la pérdida de cerca de 920 millones de dólares, incluyendo los intereses sobre el crédito adquirido para comprar las acciones de Repsol-YPF. De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, Suárez Coppel, como director de Pemex, creó una “tesorería paralela”. En 2010 estableció una compleja ingeniería financiera entre las subsidiarias de la paraestatal, la cual derivó en la creación de una “tesorería centralizada paralela a la de Pemex”, controlada por la subsidiaria PMI Holdings BV, con sede en Amsterdam. Desde la administración de Felipe Calderón, Pemex Exploración y Producción se convirtió en una mera administradora de contratos.
Georgina Kessel es otra economista del ITAM perteneciente a este grupo de tecnócratas. Es doctora por la Universidad de Columbia. Fue secretaria de Energía y directora de Banobras en el gobierno de Felipe Calderón. Como titular de Energía participó en la adjudicación de los mayores contratos a Iberdrola por más de mil millones de euros. En noviembre de 2008, una vez aprobada la reforma energética impulsada por Calderón, Kessel declaró: “70 por ciento de las actividades de Pemex en exploración y producción ya las realizan otras empresas”.
Mañana seguimos con Adrián Lajous Vargas, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Ramírez Corzo y Luis Videgaray, quienes también integran el grupo de promotores de la reforma energética y participan en los nuevos negocios con petroleras extranjeras para las cuales trabajan o apoyan.
EL PRI EN LA CALLE
Tras sufrir la peor derrota electoral en su historia, el PRI resiente una crisis política interna, agravada por una más severa crisis económica, la cual llega al nivel de no tener ni para pagar las quincenas de sus trabajadores, pues no cuenta con recursos disponibles para cubrir sus nóminas. De partido predominante, acostumbrado a los privilegios políticos y económicos, el PRI pasó a ser una oposición muy disminuida. En los últimos comicios los gastos del partido y sus candidatos exhibieron un derroche tremendo, el cual se tiró a la basura pues se perdió prácticamente todo. De nueve gubernaturas perdieron nueve. No lograron alcaldías importantes ni diputaciones o senadurías clave.
En estos momentos le caerían muy bien los 20 millones de pesos decomisados a pocas cuadras del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, unos días antes de la elección del primero de julio. Ese dinero iba directo al centro de operaciones priístas y donde ahora no se está pagando a tiempo las quincenas. La noticia de la escasez monetaria es muestra clara del caos nacional por el cual atraviesa. Pero la suerte de René Juárez Cisneros no es tan mala. Deja la dirigencia nacional del PRI y se va de vacaciones para luego entrar de lleno a la próxima legislatura, con la petición de ser coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, lo cual podría lograr.
Mientras, Claudia Ruiz Massieu, ex canciller mexicana, ex secretaria de Turismo y ahora futura senadora plurinominal, retoma la dirigencia e intentará pegar los pedazos rotos del priísmo, frente a una militancia enfurecida y una aguda crisis económica. Es quien tendrá a su cargo la autopsia del tricolor, habrá de hurgar entre los restos si existe un órgano en buen estado para trasplantarlo con el afán y fin de crear un partido dizque nuevo, aunque llevando consigo lo podrido del cadáver cuya momentánea conservación corre por cuenta, nuevamente, de la familia Salinas… Por cierto, triste figura de la dama de esta dinastía.
ANDANZAS CARIBEÑAS
Cuando se abandonan los problemas, cuando son ignorados, cuando los oídos sordos prevalecen, se generan conflictos agigantados al paso de los días hasta convertirse en auténticos peligros, tanto para sostener el número de visitantes, de turistas, como para la población, en este caso, quintanarroense. Se ha convertido al sargazo en una plaga. Las fotografías de su presencia en las playas de la entidad eminentemente turística se reproducen en las primeras páginas de los diarios de circulación en la capital del país y, por ende, su repercusión hacia el extranjero está garantizada.
A lo anterior se suma la inseguridad. Se tiene el registro de 275 ejecutados en el año y apenas estamos a la mitad del 2017, o sea se romperá record en este tipo de crímenes. Unir sargazo, inseguridad y brote de influenza conforma un peligroso escenario para mantener el registro de visitantes y, con ello, se ve llegar una etapa económica en extremo difícil para los ciudadanos al dar inicio las acciones de empresarios para reducir su planta laboral, pagar salarios menores y emprender todo tipo de operaciones para no ver afectadas sus utilidades. En el caso de pequeños y medianos comerciantes y restauranteros, el cierre ante una baja turística es un paso inminente.
En líneas anteriores hemos señalado la necesidad de llevar a cabo un tejido muy fino para no afectar a la ciudadanía generando rencores hacia quienes probablemente lleguen a Chetumal a vivir como consecuencia de la descentralización de la Secretaría de Turismo. Muchas bienvenidas se han dado y la respuesta de quien encabezará la dependencia no parecer ir en un sentido de generar simpatías sino todo lo contrario al hacer declaraciones de difícil aceptación como “al funcionario que no le guste, que se retire”. No corresponde a ese tejido fino tan demandado, por lo tanto, habrá de anotarse es el buen trato lo efectivo para generar el campo agradable para los anfitriones. Miguel Torruco Márquez sabe de esto y mucho, ojalá no lo olvide.
Finalmente, deben poner mucha atención al presente de la Universidad Intercultural Maya. Llevar a la rectoría a simples administradores pone en peligro el éxito con el cual se desempeñó esta casa de estudios en los últimos años hasta llegar a convertirse en ejemplo para las instituciones de este calibre, ubicadas todas ellas en zonas en donde el conocimiento de la tierra, de la herbolaria, la capacitación de comadronas para evitar las muertes por parto, el desarrollo empresarial desde el lugar de origen, fueron sus principales banderas. No se vale echar a perder lo poco realizado con éxito en un afán de convertir al gobierno estatal en una agencia de empleos en donde se priorizan compadrazgos, amistades y recomendaciones. ¿O si?
La buena noticia en estas Andanzas Caribeñas la encontramos en las declaraciones del próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Reyes Falcón, en las cuales asegura no se volverá a caer en la trampa, en el abuso, en el despojo, a través de la venta de tierras a precios menores a lo dictado por peritos especializados. Menos aún si se trata de la geografía quintanarroense. Con ello le ponen freno a las ambiciones no satisfechas de José Chapur, cuya historia en la compra, en la obtención de cientos de hectáreas es larga y data precisamente de la época de un Víctor Cervera Pacheco en la Reforma Agraria y Miguel Borge como gobernador de Quintana Roo. De entrada el yucateco verá disminuidos ostensiblemente sus ingresos al dejar de rentar espacios a precios superiores a los normales al gobierno estatal y al federal.
DE LOS PASILLOS
Mientras Enrique Peña Nieto admite su insatisfacción ante la falta de resultados en el combate a la criminalidad en el país, Estados Unidos incrementó el nivel de alerta para sus ciudadanos quienes visitan México y refiere el riesgo se ha incrementado en algunas zonas debido a la violencia relacionada con el crimen como homicidios, secuestros y robo de autos. Advierte a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas… Faltan las lágrimas del cobarde quien no supo defender a su país como hombre… Cualquier semejanza con “el perro sexenal” es mera coincidencia…
La despenalización de las drogas se explorará como una de las medidas para alcanzar la paz en México, aseguró Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. El virtual presidente electo, dijo, dio “carta abierta” para abrir el debate en torno a ésa y otras alternativas las cuales busquen abonar a la pacificación… Mientras tanto crecen los pros y los contras de llevar también a una consulta pública el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional… Ahora que, si se hace lo mismo con los salarios de los altos funcionarios, el aplauso es generalizado…
Existe la voluntad de bajar el sueldo de los senadores a 90 mil pesos. Cobran 300 mil y a esta cantidad se agrega una larga lista de beneficios. Esta reducción es aplaudida solamente falta la exigencia de cumplir con la tarea asignada porque, de seguir dejando de asistir a las sesiones, levantar el dedo sin saber ni de qué se trata, no estudiar concienzudamente cada iniciativa por aprobar, etcétera, 90 mil pesos mensuales sigue siendo mucho. Salario-rendimiento y cumplimiento deben ir debidamente orquestados… Igual se verán las rebajas en la Tremenda Corte. Los ministros reciben entre sueldos, prestaciones, prima vacacional, aguinaldo, seguro de separación ayuda para comprarse anteojos, estímulos por antigüedad, seguro de vida institucional y pago por riesgo, la fabulosa cantidad de 6 millones 938 mil 234 pesos anuales ya libres de impuestos. Con esta cifra no puede mencionarse “devaluados pesos”. ¿Estarán dispuestos a ganar la cuarta parte y en casos como el de doña Olga Sánchez Cordero renunciar a la pensión de más de 250 mil pesos mensuales? Veremos.
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