Moisés Sánchez Limón
En esto de la praxis política no se requiere ser adivino para adelantar las consecuencias de una decisión, en este caso electoral, que afecten al protagonismo y activismo adelantado de los actores que buscan la nominación a la Presidencia de la República y, por ende, el mismo máximo cargo de elección popular.
Cuando se abordó el tema del acuerdo de los consejeros integrantes del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, que prohibiría o acotaría los espacios en medios electrónicos, en específico en la llamada pantalla chica, de personajes como Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, que en promocionales de aparente apoyo a candidatos y del propio partido, se promocionan en adelantada campaña presidencial, se avistó la furibunda reacción de estos, en términos de que, por lo menos, se atentaba contra la libertad, su libertad de expresión.
Elemental. Y es que, el resto de aspirantes que carecen de los medios y tiempos oficiales de los partidos políticos, para promocionarse, se quejó de ausencia de eso que llaman piso parejo y que, en efecto, es un mecanismo que debe instalar en similares condiciones a todo ciudadano con aspiración a un cargo de elección popular.
Por supuesto, ese tema no está en la prioridad de López Obrador y Anaya Cortés, incluso no en la agenda de, digamos, Rafael Moreno Valle Rosas, que cuenta con suficientes recursos para promocionarse en las principales ciudades capitales de la república.
El caso es que, una vez conocido el acuerdo de los consejeros electorales integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, la reacción fue severa, al grado de que este miércoles los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron posponer la discusión de los lineamientos que regulan la aparición de los dirigentes partidistas en los spots oficiales de la tele.
Así, como sólo puede actuarse con el poder político, los consejeros decidieron retirar el acuerdo del orden del día, dizque para seguir las consultas con los representantes partidistas y tratar de afinar el proyecto. ¡Ajá!
Incluso, el consejero Marco Antonio Baños, presidente del Comité de Radio y Televisión, explicó a representantes partidistas que el acuerdo no está completo y el organismo electoral busca implementar reglas para que no sea visto como un documento expresamente dirigido al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
A ver, a ver. Si no estaba completo dicho acuerdo, entonces porqué lo anunciaron como un documento acordado, consensado y dispuesto para su discusión y, de proceder, aprobación por el pleno del Consejo General del INE.
¿De qué tamaño es el temor al escándalo, como para que los consejeros recurrieran a una medida, como ésta de plantear que la regulación aplique a funcionarios públicos y otros actores políticos, para que haya “piso parejo”, rumbo a las elecciones federales de 2018?
Porque, mire usted, esto de que entre las propuestas a considerar está que estos lineamientos rijan de manera continua y no solamente en épocas electorales, como estaba diseñado originalmente y que evite la promoción personalizada de cualquier actor político que aspire a un cargo de elección popular, suena a una discusión hueca, porque se trata de los fundamentos del acuerdo.
Aduce Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, que “no se trata de intentar silenciar a nadie, a ningún actor político, a ningún medio de comunicación, a ningún ciudadano en ningún momento, simple y sencillamente que no haya un uso de recursos públicos o privados que rompan la equidad electoral”.
Lo dicho por el consejero presidente, es el mismo argumento esgrimido cuando se anunció la presentación de los lineamientos. ¿De qué tamaño fue la presión política y de qué tamaño es la negociación? ¿Piso parejo? Más de lo mismo. No os hagáis que ya lo sois. Digo.
@msanchezlimon
