CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo (AlMomentoMX).- Por tradición, la Ciudad de México ha sido vanguardia en materia de derechos, prueba de ello es la Ley de Sociedades de Convivencia, la cual celebra su primera década en que la lucha de los colectivos homosexuales trascendió el clóset y se instaló en la ruta de los derechos civiles.
“El 16 de marzo de 2007 se exorcizaron los fantasmas del oscurantismo y la homofobia, y se selló con un beso entre personas del mismo sexo el inicio de una nueva era. Llegar a ese día no fue sencillo, hubo que vencer resistencias de curas y sacristanes, de derechas y también de izquierdas, entre conveniencias políticas y manipulaciones mediáticas”, destacó Antonio Medina, secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD.
Aunque esta ley se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de noviembre de 2006, su entrada vigor ocurrió hasta que pasaron 120 días naturales desde su publicación. Así, el 16 de marzo de 2007 se convirtió en un día que dio certeza legal a las familias y hogares sobre derechos que carecían, como poder heredar bienes, sucesión y tutela legítima de los hijos.
“Con orgullo podemos decir que la Ciudad de México ha sido vanguardia latinoamericana en este movimiento de liberación que ha transformado mentalidades y ha logrado, por fin, una aceptación sin precedentes de la libertad personalísima de amar, sin distingos de sexo o de género”, señaló Medina Trejo en su texto “Diez años de Sociedades de Convivencia. Los imaginarios de la libertad”.
Pero no todo fue tan fácil. A pesar de ser ya siglo XXI aún persistían (y siguen persistiendo en menor medida) la exhibición de los prejuicios y de la homofobia asesina. De acuerdo a una encuesta de Parametría sobre tema, en ese entonces el 76 por ciento de la población no aprobaba legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.
Antonio Medina destaca: “la ley de Sociedades de Convivencia aportó un pequeño gran paso. Los marginales estuvieron al centro, como diría Carlos Monsiváis, protagonizando la ardua batalla por ser iguales ante la ley. Sin la discusión pública que acompañó el proyecto a lo largo del primer lustro del siglo no serían imaginables los cauces de libertad —siempre imperfecta, siempre perfectible— de los que ahora gozamos en la ciudad de México, que ha inspirado a otros estados del país a homologar leyes, códigos y políticas públicas que integran la perspectiva de diversidad sexual, como las de la capital del país”.
Los orígenes de esta ley datan de mucho antes, cuando la izquierda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puso el tema sobre la mesa en 2001 y 2003, pero ante la condena de la Iglesia Católica en la capital y la oposición del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador no avanzó.
Finalmente en 2006, la Ley de Sociedades de Convivencia fue aprobada con el apoyo de la bancada de PRD capitalino y respaldada por años de activismo ciudadano y de cabildeo de los desaparecidos partidos Democracia Social y Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
“La ley de Sociedades de Convivencia fue un esfuerzo desde la izquierda, un triunfo colectivo y un símbolo de trabajo común alrededor de un principio básico”, destacó Antonio Medina.
Para 2009, en vísperas de la aprobación del matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo, la oposición se había derrumbado a 55 por ciento, de acuerdo con Parametría.
Sin embargo, el también activista y catedrático de la UAM resaltó que “de ninguna manera se ha vencido al oscurantismo, agazapado detrás de la derecha e, incluso, de ciertos sectores de izquierda. El matrimonio entre personas del mismo sexo es todavía un anhelo en más de veinte estados del país, ilegalidad condenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero solapada por la Cámara de Diputados, cuya mayoría priista y panista”.
Aún falta mucho por avanzar con respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, el 17 de mayo de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto, envió al congreso una propuesta de reforma al artículo 4° constitucional, que eliminaría los términos y preceptos discriminatorios que definen al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, sin embargo, la propuesta fue sepultada en la Cámara de Diputados.
Sin el apoyo de su propio partido, el PRI, las buenas intenciones del presidente se quedaron en el camino bajo el argumento de que: el tema no era prioridad en los temas para el país y que el matrimonio civil era una atribución de los estados y las legislaturas locales.
El matrimonio entre personas del mismo sexo todavía está pendiente en más de una veintena de estados y generó marchas en toda la República. Hasta el 2014, las cifras oficiales tenían registro de 1,687 matrimonios igualitarios en el país, donde 880 correspondían a parejas de hombres y 807 de mujeres.
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