Aprueban en Comisiones abrogar privilegios a ex gobernadores mexiquenses

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TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 7 de febrero (AlmomentoMX).- Los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Finanzas Públicas de la LX Legislatura del Estado de México, aprobaron por unanimidad la abrogación del decreto expedido el 18 de julio de 1945, por la XXXIV Legislatura mexiquense y en consecuencia el decreto expedido por el entonces gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, en la Gaceta de Gobierno el 3 de mayo de 1993, para cancelar privilegios económicos y la asignación por parte del gobierno estatal de personal administrativo y seguridad a siete ex gobernadores de la entidad.

Al terminó de la reunión de las Comisiones Unidas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, anunció que se va a convocar a sesión extraordinaria, la semana próxima para la aprobación y discusión en el pleno del Congreso del Estado de México, tras el dictamen de la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Morena.

Por su parte, Azucena Cisneros Coss, en representación del Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa para la abrogación del decreto número 87 que pretende impedir que durante el ejercicio de sus funciones los gobernadores no reciban condecoraciones, honores o denominar con su nombre instituciones, centros de servicios públicos o vialidades.

Asimismo, refirió en consecuencia revertir el decreto expedido por el entonces gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, en la Gaceta de Gobierno el 3 de mayo de 1993, al considerar que otorga apoyos y personal administrativo y de seguridad, ya que no corresponde con el proyecto de austeridad y eficacia en el manejo de los recursos públicos. Situación que privilegia a ex gobernadores, sobre el resto de la población.

Aunque, el argumento era vigilar por la seguridad de los ex gobernadores, esto rebasa la temporalidad de sus funciones, ambos decretos están vinculados y en algún tiempo justificaron esta actuación, sin embargo, consideró los tiempos de impunidad con que actuaban las autoridades y legisladores del PRI, han cambiado y ahora se debe cuidar el destino del erario público favorecer el estricto cumplimiento de las tareas de servicio público.

Y no corresponden con “Las actuales disposiciones en materia de austeridad y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos”.

Considero que en caso de que los ex gobernadores requirieran seguridad por encontrarse ante un posible riesgo, pueden acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que cuenta los lineamientos para la protección, asignación y seguridad a funcionarios o ex funcionarios del servicio público, previa denuncia.

Explicó, “En la Legislatura estamos ciertos de la importancia de garantizar condiciones de igualdad en la seguridad, tanto a los servidores públicos, y de cualquier persona, pero, esto se debe apegar a los principios de igualdad, transparencia y austeridad”.

En entrevista, la legisladora subrayó “Los privilegios se acabaron para ex gobernadores, no habrá pensión, bono o remuneración disfrazada a favorecer indebidamente a la clase política que se desempeñó en el servicio públicos”, esto tras el dictamen de aprobación para abrogar”.

“El decreto número 87 publicado el 18 de julio de 1945, en la Gaceta de Gobierno, y por tanto queda sin efecto el decreto que expidió el ejecutivo el 7 de mayo de 1993, publicado en la Gaceta de Gobierno número 86”, argumentó

Cisneros Coss afirmó que el Proyecto de Decreto es una demanda ciudadana, ante las desigualdades sociales que existen en este país, donde hay más de 50 millones de personas en pobreza.

“Quitar los privilegios sobre todo en el Estado de México, una de las entidades que se ha caracterizado por excesos de la clase política y la corrupción”, señaló.

En la Gaceta se establece “Los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de Gobernador del Estado de México, tendrán al concluir su gestión la adscripción del personal siguiente: A) Un Jefe de Ayudantes con categoría de Subdirector rango nueve; B) Un Chofer con rango cinco; C) Tres ayudantes con categoría de Oficial de Seguridad Pública, nivel 14, rango cuatro; y D) Una secretaria con categoría de Secretario Particular de Secretario, nivel 27, con rango 9 del Gobierno Estatal”.

Es importante destacar que el Grupo Parlamentario de Morena tuvo acceso a un documento oficial, obtenido por una solicitud de información, con fecha de 10 de septiembre de 2008, donde se informa que son 33 servidores públicos quienes “cumplen las funciones de seguridad y  escolta. Dichos elementos están asignados a seis ex – gobernadores, y están encargados de salvaguardar  su integridad física, sus derechos y su patrimonio, preservando así sus libertades, el orden  y la paz pública”

De ellos, 3 tienen el rango de “Comandantes de Región”, con un sueldo mínimo de $8,646.47 y sueldo máximo de $10,761.00;  10 con el rango de “Oficial”, con un sueldo mínimo de $6,913.44 y máximo de 8,341.52 y 20  tienen el rango de “Policía”, con un sueldo mínimo de $6,660.47 y máximo de 7,458.69, de acuerdo con dicho documento.

Por ello, la diputada Azucena Cisneros refirió con la aprobación de esta iniciativa de Proyecto de Decreto que se presentó en el Congreso del Estado de México, marca un precedente se establecen nuevas formas del ejercicio del servicio público y la justicia que demanda la población.  Y “La punta del iceberg para seguir desmantelando de forma jurídica los abusos y excesos de los políticos mexiquenses”.

Manifestó que “En el Congreso del Estado de México, Morena es mayoría, y no tenemos más que ser congruentes con la política de austeridad, estos excesos ya no caben en estos tiempos. La población tiene claro que los servidores públicos dejaron de ser virreyes y pasan a ser simples ciudadanos”.

“Más allá de un ahorro sustancial es un asunto simbólico, y hoy tenemos que dar señales claras a los ciudadanos de que todo el tema de privilegios quedó cancelado para nosotros y para la gente pudiente, también se acabaron”.  Al considerar que en el pleno quedará aprobada esta iniciativa, aunque no descarta que algún legislador del PRI no lo haga, pero será la sociedad la que juzgue esta decisión, concluyó.

AM.MX/fm

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